Finalmente se ha llegado a un texto de consenso con respecto a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2024 de Estados Unidos Unidos, la cual previsiblemente recibirá el visto bueno del Senado la semana que empieza y será votada posteriormente por el Congreso, no esperándose ningún cambio respecto a la versión actual. Es un tomo mastodóntico, con nada menos que 3.093 páginas, en el cual hay varias secciones relativas al fenómeno UAP (puedes descargarte el original aquí).
Tras muchos días de rumores y especulaciones sobre posibles modificaciones en las propuestas legislativas, centradas principalmente en la Ley de Divulgación UAP, que fue diseñada como el elemento legislativo que acabaría entregando la tan ansiada divulgación, podemos decir que la misma, si bien sigue siendo un avance, carece ahora de los elementos para forzar al siempre reticente Departamento de Defensa a entregar la información sobre los archivos históricos y programas secretos dedicados al estudio del fenómeno y a la retroingeniería de naves recuperadas.
Cerrojazo a la divulgación controlada
La Ley Nacional de Defensa está organizada en secciones, siendo las comprendidas desde la 1.841 a la 1.843 las que recogen los restos de la llamada Ley de Divulgación UAP, de la cual publicamos un artículo en nuestra web. Las principales novedades con respecto a lo inicialmente previsto en la propuesta son las siguientes:
- Desaparece el llamado «dominio eminente» (expropiación forzosa), que hubiera permitido la apropiación por parte del gobierno de tecnologías recuperadas de origen desconocido y evidencias biológicas de inteligencia no humana que actualmente se encontrarían bajo control privado, según David Grusch y otros denunciantes.
- Desaparece la Junta de Revisión de Registros de Fenómenos Anómalos No identificados, que hubiera sido nombrada por el presidente de los Estados Unidos y que hubiera tenido como misión recopilar y participar en una divulgación controlada de registros relacionados con fenómenos anómalos no identificados, tecnologías de origen desconocido o inteligencia no humana en poder de cualquier componente del gobierno”.
- Desaparecen las definiciones de UAP, Inteligencia No Humana, Tecnologías de Origen Desconocido y Programas Legados, entre otras, si bien sí que se nombran los términos a lo largo de la ley.
- No ordena la obligación de revelar la existencia de programas ocultos relacionados con los UAP, ni establece una protección para los denunciantes.
Ordena la creación de colección de registros de incidentes OVNI
La ley ordena la creación de una Colección de Registros, que será supervisada por ambas cámaras mediante los Comités de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, de Servicios Armados y Selecto de Inteligencia por parte del Senado, y los de de Supervisión y Rendición de Cuentas, de Servicios Armados y el Selecto Permanente de Inteligencia por parte del Congreso.
Se introducen nuevas razones para posponer la divulgación de registros: la amenaza a la defensa militar, operaciones de inteligencia o relaciones exteriores de los Estados Unidos, una invasión injustificada de la privacidad personal, y la existencia de un entendimiento de confidencialidad que requiera protección entre un agente del Gobierno Federal y un individuo cooperante o un gobierno extranjero.
No hay cambios con respecto a la Colección de Registros de Fenómenos Anómalos No Identificados , que consistirá en copias de registros de todos los archivos gubernamentales, proporcionados por el gobierno o financiados por el gobierno, relacionados con fenómenos anómalos no identificados, tecnologías de origen desconocido e inteligencia no humana los cuales serán transmitidos a los Archivos Nacionales.
Esos registros procederán de los jefes de cada oficina gubernamental, que los remitirán antes de 300 días después de la fecha de promulgación de la Ley para su divulgación al publico y transmisión al archivero. Los registros deben estar disponibles al público para inspección y copiado dentro de los 30 días siguientes a su transmisión, y digitalmente en un periodo que no exceda los 180 días a partir de entonces.
Asimismo sigue vigente el tope de 25 años: cada registro de fenómenos anómalos no identificados deberá ser divulgado públicamente en su totalidad y estar disponible en la Colección, a más tardar en la fecha que sea 25 años después de la fecha de la creación inicial del registro por el organismo originador, a menos que el Presidente decida que la continuidad del secreto es necesaria.
La ley prohibe financiar cualquier investigación sobre los UAP no autorizada expresamente
Aparte de lo relativo a la ley de divulgación, las Sección 1687 de la ley de Defensa establece que ninguno de los fondos autorizados para ser asignados o disponibles de alguna otra manera mediante esta ley, puede ser gastado en apoyo de actividades que involucren fenómenos anómalos no identificados protegidos bajo cualquier forma de limitaciones de acceso especial o restringido, a menos que el Secretario de Defensa haya proporcionado los detalles de la actividad a los comités del Congreso pertinentes y a los líderes del Congreso.
Asimismo limita la financiación de la investigación y el desarrollo independientes relacionados con fenómenos anómalos no identificados a menos que dicho material e información se pongan a disposición de los comités del Congreso y los líderes del Congreso correspondientes.
Tras las mencionadas modificaciones, han surgido serias dudas entre los legisladores protransparencia, investigadores y periodistas, principalmente por la eliminación del panel de revisión independiente y la facilidad con la que el Departamento de Defensa podría excusarse en motivos de Seguridad Nacional para no divulgar los registros. Está por ver si las oficinas gubernamentales vinculadas al secreto y los presuntos programas ilegales estarán dispuestos siquiera a enviar la información relativa a los mismos a la Colección de Registros, ya que hasta ahora, según lo denunciado por David Grusch y lo aparecido en múltiples investigaciones periodísticas, ni siquiera han cumplido con la obligación legal de comunicarlo a los organismos supervisores del Congreso.
La divulgación legal ha sido frenada por congresistas financiados por el complejo industrial militar
Pero, ¿quién es responsable de los cambios en la ley? Curiosamente no ha sido una cuestión de partido. La propuesta de Schumer, y toda la legislación UAP de los últimos años, ha tenido un apoyo bipartisano. Según lo apuntado por varios medios, los principales opositores a la transparencia UAP han sido congresistas vinculados a las empresas de defensa, y que son los mayores receptores de donaciones para sus campañas políticas, siendo su mayor exponente Mike Turner, congresista por el estado de Ohio, que recientemente se refería despectivamente al sector protransparencia como “los del caucus proalien” y ha cuestionado el testimonio de David Grusch. También se atribuye responsabilidad por los cambios a los congresistas Mike Roger y Mike Johnson y a los senadores Mitch MCConnell y Roger Wicker.
En cuanto a las reacciones a las modificaciones en la ley, se caracterizan por su pesimismo, destacando lo manifestado por el periodista australiano Ross Coulthart, que se pronunciaba recientemente en estos términos tras la modificación sufrida por la propuesta:
“Un patético intento cómplice de tratar de pacificar al público que estoy seguro declamará esta legislación con la pretensión petimetre de que es… Nos han engañado. Creo que siempre hubo un grupo en el lobby aeroespacial de defensa que quería que se suprimiera esta legislación”
De una manera más moderada, pero igualmente negativa, se pronunciaba el ex subsecretario Adjunto de Defensa para Inteligencia Christopher K. Mellon:
«Las esperanzas de formar un distinguido panel de expertos en una Comisión Presidencial para revisar todos los registros de UAP del gobierno de EE. UU. fueron frustradas por el representante Mike Rogers, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Lo que se promulgó fueron prohibiciones de financiación para actividades de UAP no informadas al Congreso, así como un requisito para que los Archivos Nacionales crearan una colección de registros de UAP. Es probable que ninguno de los requisitos tenga un impacto significativo»
¿Qué se puede esperar a partir de ahora? La divulgación catastrófica
Como consecuencia de los mencionados cambios y la frustración que ha surgido en los defensores de la transparencia, se está abriendo paso el concepto de «divulgación catastrófica», al cual se refirió el coronel retirado Karl Nell durante la conferencia de inauguración de la Fundacion Sol.
Si bien al concepto, por las palabras utilizadas, se le podrían atribuir tintes apocalípticos, simplemente se refiere a una divulgación que no estuviera bajo el control del Gobierno Federal. Para algunos autores, como el anteriormente referido Coulthart, la divulgación catastrófica es ahora inevitable, definiéndola en su caso como la salida a la luz de más denunciantes de una manera no controlada. “Va a pasar” decía durante el podcast Need to Know que presenta junto al periodista, productor y guionista Bryce Zabel.
Como conclusión, tal y como se ha dicho, la presente legislación constituye sin duda un avance en el campo de la transparencia, si bien por las razones establecidas ese avance parece que no va ser suficiente.
Aparte de los elementos eliminados de las propuestas iniciales, hay otros que se antojan absolutamente necesarios para forzar la salida de la verdad, y que de momento no se han podido conseguir. Uno de ellos sería el llamado «subpoena power» o poder de citación, que hubiera podido obtenerse mediante el establecimiento de un Comité Selecto.
El otro elemento sería una presión continua por parte de los media y el público tanto sobre el Gobierno como sobre el Congreso. De momento, aunque el tratamiento de la temática UAP ha sufrido una evidente mejoría y se ha perdido parte del estigma, lo cierto es que una inmensa mayoría de la población vive absolutamente ajena a la misma. La salida al público de uno o varios denunciantes que hayan tenido una participación directa en los programas de investigación y retroingenería del fenómeno podría añadir la presión necesaria para doblegar el bloqueo que durante décadas lleva afectando a toda la información relacionada con los UAP.
En el momento en que publicamos este artículo en UAP DIGITAL, el exagente de inteligencia denunciante David Grusch responde a las preguntas de Elizabeth Vargas en News Nation, donde se espera que realice nuevas revelaciones.
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